Universidades deben contar con una defensoría pública
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Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomendó a las universidades públicas contar con una defensoría para la atención de procedimientos administrativos o disciplinarios derivados en contra de funcionarios y servidores públicos, ya sea por falta grave o no grave.
La declaración del especialista en derecho administrativo se dio en la inauguración del 2º Foro “Los retos de las universidades públicas en materia de responsabilidades administrativas”, resultado de una colaboración entre la Contraloría General y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV).
El evento virtual fue encabezado por los titulares de ambos organismos: José Guadalupe Romero Pérez y Arturo Miguel Chípuli Castillo, respectivamente.
En el marco de la ponencia “Derechos humanos, autonomía universitaria y derecho disciplinario”, moderada por Manuel Alejandro Falcón Rodríguez, director de Responsabilidades de la Contraloría General de la UV, López Olvera recordó que las universidades públicas tienen la autonomía e iniciativa para poder autogobernarse.
Sin embargo, esto no significa que de manera caprichosa y arbitraria puedan establecer sus órganos, procedimientos y regulaciones, sino que deben ceñirse al marco constitucional y al respeto de los derechos humanos.
En las universidades públicas se han conformado órganos con facultades materialmente legislativas, como son los consejos generales que aprueban y rigen la vida interna de esas instituciones.
En algunas otras entidades públicas, dijo, paralelamente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se han establecido otros reglamentos y acuerdos.
El investigador Nivel II del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), resaltó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han emitido recomendaciones sobre defensorías públicas, en el sentido de que deben ser órganos constitucionales con autonomía plena de gestión, presupuestaria y técnica para formar a sus propios cuadros de defensores.
“En el Estado mexicano debería existir una defensoría pública como un órgano constitucional autónomo a la cual pudieran acudir los funcionarios de las universidades públicas, para que en caso de que no cuenten con un abogado perito en la materia, les ofreciera este servicio.”
Sin embargo, esto podría ser subsanado con la creación de una defensoría pública en materia de responsabilidades administrativas al interior de las universidades públicas.
“Sabemos que hay algunos órganos de defensa de los derechos universitarios, pero las directivas de los organismos internacionales señalan que debe ser un órgano con autonomía donde se concentren los defensores públicos en esta materia.”
Afirmó que existen serias deficiencias con respecto al derecho a la defensa, lo cual se ha fortalecido desde los estándares del derecho penal, y desde los casos resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
FUENTE: OLIVA NOTICIAS
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