Una jueza federal impide a la UNAM resolver el caso del presunto plagio de Yasmín Esquivel
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no va a poder resolver el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Así lo ha decretado la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga, que ha otorgado a Esquivel la suspensión definitiva mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por ministra. Esta medida cautelar impide a la UNAM aclarar —de momento— qué ocurrió con el trabajo que Esquivel presentó en 1987 y que era igual al que publicó un año antes el estudiante Edgar Ulises Báez. La universidad tiene aún la posibilidad de recurrir la decisión ante un tribunal colegiado, que tendrá la última palabra.
La UNAM ha señalado que va a acatar la orden del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa con sede en Ciudad de México, pero que lamenta “la determinación judicial pues retrasa por tiempo indefinido que el Comité Universitario de Ética emita el dictamen correspondiente sobre una apropiación indebida de textos”. “El Comité ha desarrollado su trabajo respetando todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluirlo”, defiende la casa de estudios en un comunicado. Además, la universidad asegura que “hará uso de todos los medios legales para poder cumplir con su función constitucional”.
El pasado 13 de febrero, uno de los representantes legales de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso una demanda contra la UNAM por presuntamente haber vulnerado su “derecho al honor, a una adecuada defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la legalidad”, según se lee en el documento presentado. La demanda es contra cinco autoridades: el rector Enrique Graue, el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, el Comité de Integridad Académica y Científica, el presidente del Comité Universitario de Ética y el propio Comité de Ética.
En el escrito, la jueza reclama el primer dictamen técnico que emitió el Comité de Integridad Académica y Científica, en el que se certificaba que el trabajo de Esquivel era “una copia sustancial” del presentado en 1986 por Báez; la orden de revisión del “asunto de la tesis copiada”, que emitió Graue el 20 de enero, y el oficio en el que se solicita la intervención del Comité Universitario de Ética, y también se reclaman los oficios que el mismo comité de ética envió a Esquivel para que participara en el proceso de investigación.
El abogado de Esquivel apunta, además, directamente contra el rector por haber calificado el hecho como un plagio, “sin fundamento ni existir pruebas que acreditaran tal extremo, ni mediara procedimiento en el que fuera garantizado el derecho de defensa de mi poderdante, y sólo con apoyo en el Dictamen Técnico que elaboró el Comité de Integridad Académica”: “Ha causado a mi poderdante un grave daño moral y una afectación trascendente a su derecho al honor”.
Ante estas presuntas violaciones, Esquivel solicitaba a los responsables que se abstuvieran de emitir una resolución “hasta que se decida si su proceder ha sido o no apegado al mandato constitucional”. Esta suspensión, que fue concedida el 15 de febrero de forma provisional por la jueza y este martes de forma definitiva, permite que la investigación sí continue, pero impide que se conozcan sus resultados hasta que no se resuelva el juicio de amparo.
“Se concede la suspensión definitiva por las razones mencionadas en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese”, se lee únicamente este miércoles en la página del Poder Judicial Federal. Sí conocemos los argumentos de la jueza para conceder la suspensión provisional el pasado 15 de febero: “Se concede la suspensión provisional solicitada por la quejosa para el efecto de que, si efectivamente se encuentra sometida a algún procedimiento administrativo (con independencia de su naturaleza), no se dicte resolución final en éste; es decir, que la autoridad responsable continúe con dicho procedimiento, pero se abstenga de dictar la resolución definitiva, hasta en tanto se resuelva la presente incidencia, siempre y cuando no se haya emitido dicha determinación”.
En su primera suspensión provisional, la jueza Zúñiga concedió a Esquivel otra medida: que la UNAM y sus funcionarios no pudieran emitir ningún comentario público respecto del mismo emprendido por el Comité de Ética universitario, lo que fue considerado como una “mordaza” a la libertad de expresión.
La universidad impugnó ante un tribunal federal los efectos de dicha suspensión provisional. El 23 de febrero, los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, resolvieron parcialmente a favor de la UNAM, al revocar la mordaza que la jueza Zúñiga le había impuesto a la universidad sobre el caso Esquivel. No obstante, el tribunal federal sí confirmó el otro efecto de la suspensión, esto es, que el Comité de Ética universitario no emitiera una resolución concluyente en su indagación sobre el plagio. Ese es el efecto que hoy la jueza Zúñiga dejó firme y que la UNAM podrá volver a recurrir ante un tribunal federal.
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