Senado de la República aprueba que Pemex y CFE sean empresas públicas
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El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que devuelve a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas y permite al Estado mexicano recuperar el control de sus recursos energéticos.
La votación en lo general resultó en 86 a favor, 39 en contra y una abstención por parte de la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García. El presidente de la cámara, Gerardo Fernández Noroña, envió de inmediato la reforma a los congresos estatales.
El debate duró casi ocho horas y enfrentó dos posturas: la de los senadores de la 4T, que defendieron la iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que recupera la soberanía energética, y la de PRI y PAN, que señalaron que es una «contrarreforma» que viola el T-MEC, desincentiva la inversión privada y aumenta la contaminación por el uso de energías no limpias.
La modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, propuesta en febrero pasado por López Obrador, busca devolver la soberanía energética al país, estableciendo que la electricidad, los hidrocarburos, el litio y el internet no estarán más sujetos a la especulación y el acaparamiento de intereses privados.
Por su parte, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que un elemento central de la reforma es que la CFE tendrá «prevalencia» sobre las empresas privadas en el sector eléctrico, con el fin de cumplir su función social y mantener tarifas accesibles.
Añadió que la reforma busca desmantelar el modelo neoliberal del sistema eléctrico, el cual prioriza el crecimiento económico y favorece a empresas privadas enfocadas en el lucro.
Antes de la reforma energética de 2013, la CFE generaba el 63 por ciento de la electricidad del país, mientras que el 37 por ciento restante provenía de empresas privadas. Esta tendencia se invirtió, dejando a la CFE en una situación desventajosa y con pérdidas significativas, alejándola de su misión de garantizar electricidad como un derecho público.
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