Diputados aprueban la desaparición del INAI y crean nuevo organismo
Este jueves 20 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y avaló la creación de un nuevo órgano denominado «Transparencia para el Pueblo», el cual dependerá de la Secretaría Anticorrupción.
Con 331 votos a favor y 126 en contra, los legisladores consumaron la desaparición del INAI y aprobaron las nuevas leyes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de Protección de Datos Personales. El decreto ha sido enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
¿Qué cambia con la nueva legislación?
La nueva normativa establece que «Transparencia para el Pueblo» se encargará de administrar y operar la Plataforma Nacional de Transparencia, gestionar las solicitudes de información, procesar medios de impugnación y coordinar la publicación de datos en los portales de obligaciones de transparencia.
Además, el nuevo organismo deberá garantizar el acceso a información relacionada con sueldos, gratificaciones y bonos de funcionarios públicos, contrataciones por honorarios y número de plazas en dependencias, declaraciones patrimoniales de servidores públicos, así como metas y objetivos de programas operativos gubernamentales.
Excepciones y reservas de información
Si bien la nueva ley amplía las obligaciones de transparencia, también contempla excepciones. Se podrá reservar información si su publicación representa un riesgo para la seguridad nacional o pública, la defensa nacional o la paz social, la prevención o persecución de delitos, o la vida, seguridad o salud de una persona.
Sin embargo, no podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción acreditados.
Polémica y reacciones
Diversos sectores de la sociedad y partidos de oposición han manifestado su preocupación por la desaparición del INAI, argumentando que se trata de un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, el gobierno ha defendido la reforma asegurando que el nuevo organismo garantizará mayor accesibilidad y cercanía con la ciudadanía.
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