México establece arancel del 50% en importaciones de maíz blanco
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A partir de este sábado 24 de junio, el Gobierno Federal inició con la aplicación de un arancel del 50 por ciento a las importaciones y exportaciones del maíz blanco (harinero) de conformidad por un decreto que firmó el viernes en el Diario Oficial de la Federación el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el decreto, se informa que este gravamen estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, y con ellos se busca apoyar a los productores de maíz del estado de Sinaloa y otras regiones para mejorar los precios para sus cosechas.
Según los datos, del mes enero a noviembre de 2022, las ventas al extranjero de maíz blanco mexicano alcanzaron los 78 millones de dólares, principalmente dirigidas a Venezuela, Guatemala y Costa Rica, mientras que las importaciones de dicho producto a México ascendieron a 230 millones de dólares, todas provenientes de Estados Unidos.
El Informe Agroalimentario 2022, emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el maíz blanco tiene una importancia fundamental en la alimentación de los mexicanos, con un consumo anual per cápita de 346 kilogramos, y es el cultivo de mayor producción en el país, representando el 88.2% de la producción nacional de granos.
El decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce que la exención del arancel a la importación del maíz blanco en el marco del Paquete contra la inflación y el encarecimiento (Pacic), de mayo de 2022, no ha tenido un impacto significativo en la disminución de los precios en el mercado interno, por lo que se considera oportuno eliminarla.
Entre los argumentos presentados por el gobierno mexicano, se expone que el artículo 25, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que es responsabilidad del Estado dirigir el desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sostenible, fortaleciendo la independencia de la Nación y su sistema democrático, y permitiendo el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y estratos sociales a través de la competitividad, el estímulo al crecimiento económico y el empleo, así como una distribución más equitativa de los ingresos y la riqueza.
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