Justicia, con rezago en materia penal en Veracruz

Se registra un descenso en los derechos fundamentales; sobre todo en los derechos laborales y en el derecho a la privacidad

Durante el periodo 2020-2021, Veracruz retrocedió en el Índice de Estado de Derecho, al pasar del lugar 22 a la posición 26 del ranking nacional, en comparación con la medición anterior; además mantiene rezagos en áreas de justicia, tanto penal como civil, así como en materia de corrupción y límites al poder gubernamental.

Los resultados de la última edición del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés), muestran que en Veracruz no se ha logrado mejorar en Justicia Penal, Justicia Civil, Ausencia de Corrupción y Límites al Poder Gubernamental, pues al igual que en el periodo 2019-2020, son los indicadores que registran las calificaciones más bajas.

Entre los ocho factores evaluados, y que enmarcan el concepto de Estado de Derecho, la entidad veracruzana retrocedió en cinco; Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Derechos Fundamentales, Justicia Civil y Justicia Penal; mejoró en dos;Orden y Seguridad, y Cumplimiento Regulatorio, y se mantuvo igual en Gobierno Abierto.

Los puntajes bajos registrados en Límites al Poder Gubernamental, Derechos Fundamentales y Justicia Penal ubican a la entidad en la posición 32, último lugar nacional, respectivamente.

La calificación otorgada al indicador Límites al Poder Gubernamental, que mide la independencia y la capacidad de los organismos de fiscalización y auditoría, comisiones de derechos humanos y demás organismos autónomos, revela que éstos no han funcionado como contrapesos eficaces y capaces de fiscalizar la gestión del gobierno estatal y aplicar sanciones.

Para 2020-2021, los derechos fundamentales en Veracruz registran un descenso, incluso más bajo que el registrado en el 2018, principalmente por dos subfactores: el derecho a la privacidad y los derechos laborales, los cuales –según la experiencia de las y los especialistas consultados– no se ha garantizado de manera efectiva.

Cabe precisar que el derecho a la privacidad es un indicador que mide si la policía u otras personas servidoras públicas espían o interceptan comunicaciones de activistas e integrantes de la oposición o conducen inspecciones sin contar con una autorización judicial.

Aunque el Informe refiere que la pandemia causada por el Covid-19 y la aplicación de las medidas sanitarias trajeron consigo afectaciones en el funcionamiento en el sector gubernamental, particularmente en las instituciones de justicia del país, las mediciones realizadas por el WJP –desde 2018 hasta el periodo 2020-2021– indican que el mayor estancamiento en Veracruz se registra en el área de Justicia Penal, con un puntaje de 0.27, con calificación baja en investigación eficaz y eficiente de delitos, por parte del sistema de procuración e impartición de justicia.

Actualmente, la entidad veracruzana se ubica en la posición 30 y 24, en materia de Justicia Civil y Ausencia de Corrupción, respectivamente; en este último con bajas calificaciones en el indicador que mide si las y los servidores públicos de los sistemas de seguridad, procuración de justicia y del poder legislativo no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados.

También, tanto en Gobierno Abierto y Cumplimiento Regulatorio, Veracruz ocupa el lugar 12 en el ranking nacional.

Actualmente, la entidad veracruzana se ubica en la posición 30 y 24, en materia de Justicia Civil y Ausencia de Corrupción, respectivamente; en este último con bajas calificaciones en el indicador que mide si las y los servidores públicos de los sistemas de seguridad, procuración de justicia y del poder legislativo no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados.

También, tanto en Gobierno Abierto y Cumplimiento Regulatorio, Veracruz ocupa el lugar 12 en el ranking nacional.

Refiere que los resultados del Índice muestran una radiografía de la situación en la que las nuevas autoridades recibirán sus respectivas entidades en materia de Estado de Derecho, por lo que “no sólo es posible sino altamente deseable que los nuevos planes y programas estatales de desarrollo identifiquen, con base en evidencia, sus prioridades de política pública».

Fuente: El Sol de Córdoba

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