Investigan a Contralora de la Secretaría de Salud en Veracruz
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Por los presuntos delitos de uso ilegal de recursos, evasión fiscal y despojo de un inmueble, está siendo investigada la contralora de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz, Enma Patricia García Rodríguez.
La denuncia fue presentada en su momento ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y donde se le relaciona presuntamente su participación en un cártel inmobiliario similar al que operaba en la Ciudad de México.
De acuerdo a la información proporcionada a los medios de comunicación, se establece que la servidora pública Enma Patricia García Rodríguez, deberá comparecer ante un juez de control de Pacho Viejo, el próximo lunes 31 de julio.
Dentro de las pruebas presentadas en la investigación, destaca la confesión de García Rodríguez sobre la ocupación de una casa en la ciudad de Xalapa, misma que no se ha demostrado de manera contundente, haya contado con la autorización del propietario o de una persona debidamente autorizada para hacerlo.
Se presume que la funcionaria se ampara en el arrendamiento a una empresa denominada Inmobiliaria BRO, con sede supuestamente en Mexicali, Baja California, sin embargo, las investigaciones establecen que el domicilio en donde supuestamente se ubica dicha empresa, no existe empresa alguna y peor aún, que dicha firma estaría involucrada ya en otros casos similares de despojo de viviendas a particulares en diversas partes del país.
Además, la contralora ha aceptado y sostiene la posesión de la propiedad mediante un supuesto contrato de arrendamiento con una empresa fantasma, lo que agrava la situación.
Durante el proceso, se ha destacado que, a pesar de haber sido citada ante la Fiscalía General de Justicia en Veracruz, García Rodríguez no ha procedido a reparar el daño entregando la posesión, lo que podría afectar el beneficio del delito culposo.
En el marco de las investigaciones, se han adjuntado documentos que, en lugar de comprobar la ocupación, incriminan a la contralora en el delito de despojo y otros ilícitos como la presunta evasión fiscal, lo que ha aumentado la gravedad de la situación.
Puntos relevantes relacionados con otros posibles delitos que podrían estar involucrados en el caso, establecen que la contralora, como funcionaria pública, no declaró debidamente un contrato para adquisición de un inmueble por un monto de $3,000,000.00 en su patrimonio.
También, existen señalamientos sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo sin evidencia bancaria, lo que podría dar lugar a delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad ante autoridad, fraude procesal y tráfico de influencias.
Se puede confirmar ante la redacción la existencia de documentos que demuestran que aunque debió informar en su declaración patrimonial, que desde el 6 de noviembre del 2020 tiene un contrato para adquisición de un inmueble por $3,000.000.00 sea como un adeudo, como un pasivo, como una inversión pero deber ser enunciada en su declaración patrimonial, no lo hizo.
Además que el supuesto contrato de arrendamiento lo hizo en un contrato privado, con promesa de compraventa, con alguien que no era el propietario del inmueble.
Asimismo, que debió informar que además supuestamente ha pagado $750,000.00 del precio de la casa, $200,00.00 de anticipo más $550,000 por 11 pagos mensuales de $50,000.00 cada uno, todos en efectivo así como el pago de $85,000.00 en efectivo por limpieza del inmueble, $152,000.00 por trabajos de fontanería mas compra de materiales por $299,773.23 todo en efectivo y suman $536,773.23, lo anterior en manejo de dinero en efectivo, que asciende a la cantidad de $1,286,773.23 y que no se refleja en su declaración patrimonial.
Se presume que la operación va más allá de un despojo, ya que se han obtenido datos de prueba que sugieren la existencia de un grupo dedicado a apoderarse de inmuebles mediante el uso de documentos falsos y procesos judiciales fraudulentos, en los que intervienen gestores, abogados, contadores, apoderados jurídicos y posiblemente la complicidad de autoridades.
El caso ha tomado relevancia y se espera que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la contralora en los delitos que se le imputan.
FUENTE: IMAGEN DE VERACRUZ
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