Gobierno del Estado no nos ha amenazado: alcaldes perredistas
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Se deslindan de acusaciones de su dirigente estatal y le exigen presente nombres y pruebas ante las instancias correspondientes
Presidentes municipales de extracción perredista rechazaron haber recibido presiones, amenazas y chantajes de parte del Gobierno del Estado, como lo ha asegurado el dirigente estatal de su partido, Sergio Cadena Martínez.
En conferencia de prensa, Mayra Janet Torres Domínguez, munícipe de Chacaltianguis; Karina Lugo Barrón, de Zacualpan; Gisela Ramón Contreras, de Villa Aldama, y Esteban Bautista Hernández, de Tatahuicapan de Juárez, no sólo se deslindaron de las declaraciones hechas por Cadena Martínez, además reconocieron que “lo único que ha hecho el Gobierno del Estado es ayudarnos”.
Lugo Barrón dijo que “anteriormente no éramos tomados en cuenta por ser un municipio pequeño. Ahora vemos un gobierno diferente, que nos escucha y está pendiente. No estamos de acuerdo con esos criterios del dirigente”. Señaló que no hay evidencias como para llevar este caso al Senado.
Gisela Ramón aclaró que siempre ha tenido comunicación con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y agradeció a su gobierno “porque nos ha hecho caso”. A su vez, Mayra Janet Torres reconoció que el Gobernador y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, han visitado a todos los municipios y “han escuchado las necesidades que teníamos desde hace muchos años y ahí están los resultados”.
A su vez, Esteban Bautista habló de la inversión que el Gobierno del Estado ha hecho en varios municipios perredistas, principalmente en infraestructura pública. Aprovechó para anunciar su renuncia al PRD y recomendó a Sergio Cadena preocuparse por organizar a sus bases y no andar hablando a nombre de los alcaldes.
“Lo jurídico se resuelve en los tribunales, no en los medios de comunicación. El PRD no tiene futuro a nivel nacional o estatal, está muerto políticamente”, sentenció el munícipe.
Los inconformes coincidieron en el apoyo que han recibido del gobierno estatal y en exigir al dirigente dé a conocer quiénes son los munícipes supuestamente amenazados y presente las pruebas correspondientes ante las instancias competentes.
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