Fundación de cáncer de mama deja de atender a personas
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La Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) de México denunció que el Gobierno, con la creación del nuevo servicio público de salud, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dejó de financiar su actividad, mediante la cual brindaba atención gratuita a la población más desprotegida del país.
El convenio de la Fucam con el Ejecutivo expiró el pasado 1 de enero, cuando nació el Insabi en sustitución del antiguo Seguro Popular, y desde entonces la fundación «agotó todos sus recursos en un esfuerzo para financiar estos tratamientos, con la esperanza de concretar un convenio» con la nueva institución, sostuvo la asociación en un comunicado.
«Lamentamos comunicarles que el empeño de nuestros intentos, así como nuestros resultados y la experiencia que nos respalda, no fueron suficientes para concretar una alianza con el Gobierno«, informó la Fucam.
Por ello, la fundación «se ve obligada a frenar la gratuidad (en el servicio), ya que se carecen de insumos y medicamentos para este tipo de atención«.
Las pacientes que se beneficiaban de la atención gratuita de Fucam financiada por el Seguro Popular recibirán un resumen de su expediente médico y su caso se derivará al Instituto Nacional de Cancerología, al Hospital Juárez o al Hospital General de México, todos ellos centros públicos, explicó la ONG.
Pese al fin del servicio gratuito, la Fucam aseguró que no interrumpe su atención especializada mediante un servicio de cuotas adaptadas a la condición socieconómica de las enfermas «con la calidad y calidez» que les identifica.
Según sus datos, esta asociación atiende el 7 % de los casos de cáncer de mama que se detectan en México y cuenta con un plantel médico de 140 profesionales.
En el año 2017, la organización reportó que desde su fundación en el año 2000, había realizado 56,000 mastografías, 13,500 quimioterapias, 6,000 densitomerías y unas 9,000 radioterapias.
El Insabi recibió duras críticas desde su entrada en vigor el pasado 1 de enero por parte de pacientes que han denunciado cobros de los que con el Seguro Popular estaban eximidos, por parte de profesionales cuya situación laboral se ha colmado de incertezas y por parte de gobernadores de algunas entidades federativas que critican el nuevo modelo.
FUENTE: VANGUARDIA
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