Denuncian mafia dentro de área administrativa de UV
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Una mafia dentro del área administrativa de la Universidad Veracruzana fue denunciada por un grupo de trabajadores de la UV que argumentan con pruebas en mano el despilfarro enorme de recursos al erario público y que dañan al patrimonio de esta institución que debería ser un orgullo, hoy es pisoteado por el grupo de personas corruptas que son sostenidas por autoridades de alto nivel.
Es preciso recordar que unas de las exigencias del rector Martín Aguilar Sánchez y la junta de gobierno es que se designará el 4 por ciento del presupuesto total del gobierno estatal a la máxima casa de estudios, con lo cual prometían y daban por hecho un cambio en las instalaciones, una inversión que al final tendría que dar frutos en esta institución.
Sin embargo, pareciera que el mismo gobernador Cuitláhuac García vaticinaba este derroche de recursos que se han ido en pago de dádivas, sobre sueldos, bonos a funcionarios administrativos de alto nivel y por ello se negó la entrega de recursos que se esperaba para este año.
La situación inició desde la contratación de los sistemas (software) SIRE Y SPARH en 2019, con los que la UV tendría mejor control de los gastos a proveedores, nómina, impuestos, hacer más fácil y mejor el trabajo, lo anterior todavía en la administración de la ex rectora Sara Ladrón de Guevara.
Dicha compra de los sistemas se realizó por adjudicación/compra directa, sin licitación pública y asignada de manera directa donde se muestra la unión de intereses de los funcionarios de aquellos ayeres, pues se “premió por ejemplo al que hoy es Director General de Recursos Financieros, Eric Jesús Galindo Mejía”.
El costo de ambos sistemas fue de 27 millones de pesos, pagados por adelantado antes de su implementación en enero del 2020 y en algunos casos la UV pagó las cuotas de mantenimiento, mismas que sólo se pagan una vez que los sistemas ya están en uso.
“Sabían lo que estaban contratando, esta empresa SIRE ya tiene denuncias en otros gobiernos en el país por su ineficacia y el daño que causan, situación que también está afectando hoy al Gobierno del Estado, incluso se intentó instalar en Sefiplan y no pudieron usarlo como se había prometido”.
Los denunciantes dejaron en evidencia las malas instalaciones con las que cuenta la Universidad Veracruzana en todo el estado, situación que podría ser diferente si los recursos se ejercieran de manera correcta y no en dádivas para sostener sistemas como SIRE Y SPARH.
Los trabajadores aseguran que hoy se están pagando sobresueldos, bonos y regalías a funcionarios de alto nivel para tapar la cloaca que existe debido a la mala implementación de estos sistemas que han costado millones de pesos al erario y han causado daño a los trabajadores operativos, que ahora trabajan lo que antes se hacía en una hora, en tres o muchas más horas.
“Es un abuso lo que hoy están haciendo, debemos hacer trabajo doble, salir hasta en las madrugadas porque simplemente nada cuadra y no podemos registrarlo ya que el proveedor no lo había considerado, nos estamos enfermando, estamos perdiendo el tiempo con nuestra familia y peor, con nuestro mismo sueldo ya que a ningún administrador nos pagan tiempo extra y otras personas se están viendo beneficiadas”.
Los trabajadores que solicitaron el anonimato por temor a represalias que se han incrementado en los últimos meses aseguran que funcionarios como Lizbeth Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas; Evangelina Murcia Villagómez, Directora General de Recursos Humanos; Sergio Alberto Carmona Ortiz, Director de Nóminas, este último proveniente de la SEV y cercano al ex oficial Edgar Spinoso, acusado del desvío de más de 122 millones y que por cierto también cuenta con denuncias.
Todos ellos son parte de una red corrupta que beneficia a más colaboradores como Tania Guadalupe Gutiérrez Salvador, Jefa del Departamento de Validación y Control, entre otros más que son premiados con recursos económicos para callar y presionar a los demás colaboradores y así evitar llegar al fondo de la problemática.
“Tratan de evadir, de tapar el sol con un dedo, de violentar la ley a su antojo y beneficiándose económicamente”.
Cabe destacar que la actual Rectoría sabe de la situación, ya que el pasado 19 de diciembre en Consejo Universitario General, la presidenta de la junta de gobierno, Leticia Mora Perdomo, habló de estos dos sistemas que no operan con la capacidad prometida por los proveedores y no cumplen con lo estipulado en los contratos, provocando estrés laboral en prácticamente todos los operadores administrativos.
Además, la misma junta de gobierno contrató los servicios de un equipo de profesionales del centro nacional de Super cómputo, dependiente del Instituto potosino de investigación científica y tecnológica; el estudio tuvo como propósito el obtener una valoración que ayudaría a sistematizar la serie de observaciones señaladas por la Contraloría general y los auditores externos; comprobándose al término todos los señalamientos y observaciones a ambos sistemas.
Para este año la promesa provino de Jaqueline Jongitud Zamora, Secretaria de Desarrollo Institucional, quien aseguró que se optimizarían los dos sistemas y que no volverían a caer en más problemas, sin embargo el pasado 11 de enero se volvió a presentar la falta de pago a personal, no se hicieron los descuentos, en algunos casos se pagó doble, a los pensionados se le pagó en cheque cuando debería ser en transferencia ya que muchos no radican cerca de la institución y peor aún se está calculando mal el ISR, que al final traerá problemas con el SAT.
“El daño al erario es incalculable en este momento, por eso nuestra exigencia que se investigue y de sancione a los responsables”.
Con lo anterior, se comprueba que funcionarios administrativos, mantienen engañado al rector, están enriqueciéndose de manera corrupta y afectando a todo el personal operativo, ya no se sabe si estos pagos dobles son aprovechados para seguir robando del erario, situación que se comprueba al no querer abrir la cloaca que traería problemas legales para muchos funcionarios.
Los denunciantes solicitaron a las autoridades retirar estos dos sistemas, y a su vez realizar una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y sancionar severamente a quienes han dañado el erario público a través de la Universidad Veracruzana.
“Hacemos un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que detenga este saqueo y se castigue a los responsables y se llegue a las últimas consecuencias, que se ejerza la ley ya qué hay muchas cosas que no se pueden pasar por alto”.
Por último, los trabajadores denunciantes aseguraron que de no haber solución a sus quejas darán a conocer más delitos en este tenor por parte de funcionarios de la UV, que encima del saqueo desmedido pretenden buscar la rectoría para el año 2025.
FUENTE : QUADRATIN
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