Veracruz es expuesto en el Washington Report por casos de desapariciones
3 minutos de lecturaPese a que el gobierno estatal ha calificado a Veracruz como uno de los estado más seguros de la República Mexicana, la entidad veracruzana salió a relucir en el Washington Report emitido recientemente por Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América.
Lo anterior debido a que en el apartado titulado «2022 Country Reports on Human Rights Practices: México», Veracruz fue catalogado como tercer lugar a nivel nacional en número de desapareciones forzadas, a la vez que también fue mencionado como uno de los estados con mayor violencia contra periodistas y en violencia política.
En el Washington Report citan que de acuerdo la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que coordina las labores de búsqueda estatales y federales, al 2 de diciembre había 108 mil 521 personas desaparecidas o desaparecidas en el México.
También destacaron que grupos de la sociedad civil informaron que hubo aproximadamente 15 mil desapariciones no vinculadas a fechas precisas.
«El mayor número de casos registrados ocurrió durante el año, con 9 mil 684 reportados como desaparecidos o desaparecidos, frente a los 9 mil 624 reportados en 2021. Al 30 de diciembre, los estados de la Ciudad de México (2,455), Nuevo León (2,441) y Veracruz ( 1.557) reportó la mayor cantidad de desapariciones«, dijo, Anthony Blinken.
Otro de los temas que situaron a Veracruz en el Washington Report fue la violencia ejercida en contra de los periodistas. En él mencionaron que, periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y cibernéticos, hostigamiento e intimidación (especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a sus informes.
Blinken criticó que esto limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían el crimen, la corrupción y la política local, además de que los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa.
«En agosto, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que 15 periodistas habían sido asesinados desde principios de año, y 11 de los asesinatos estaban relacionados con el trabajo de los periodistas.
«Según actores de la sociedad civil, al menos 15 periodistas fueron asesinados hasta el 6 de septiembre: José Luis Gamboa Arenas, Sheila Johana García y Yessenia Mollinedo Falconi (Veracruz); Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado (Baja California); Roberto Toledo y Armando Linares (Michoacán); Jorde Camero y Juan Arjón López (Sonora); Heber López (Oaxaca); Juan Carlos Muñiz (Zacatecas); Luis Enrique Ramírez Ramo (Sinaloa); Antonio de la Cruz (Tamaulipas); Ernesto Méndez (Guanajuato); y Fredid Román (Guerrero).»
Puntualizaron que la amenaza contra periodistas por parte de grupos criminales fue particularmente alta en los estados de Guerrero, Sonora, Veracruz y Michoacán y bajo ese sentido expuso que la ONG Artículo 19 registró 331 ataques contra periodistas de enero a junio y aproximadamente la mitad de los casos fueron contra periodistas que cubrían la corrupción y la política.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Estado de EUA compartió que en México, durante la temporada electoral de medio término (septiembre de 2020 a junio de 2021), los asaltantes mataron a 36 candidatos y 64 políticos.
Por lo anterior, detalló que la tasa de agresiones contra figuras políticas durante el ciclo electoral estuvo a la par de las elecciones de 2018, uno de los períodos políticos más violentos de la historia reciente.
«Los estados donde más violencia política ocurrió fueron Veracruz, seguido de Guerrero y Guanajuato. Los candidatos municipales y los retadores que buscaban expulsar a los titulares fueron las víctimas más comunes de la violencia política, con víctimas repartidas por todo el espectro político.»
Al cerrar particularmente con este tema parte del Washington Report, Blinken señaló que los expertos en seguridad dijeron que los programas gubernamentales de protección de candidatos, que no cubrían a todos los elegibles, tenían un impacto insignificante en la reducción de la violencia política.