El Gobierno ofrece mantener la rentabilidad hasta 2031 a los afectados por el recorte de las renovables
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Imagen de archivo de una estación de energía fotovoltaica. ISTOCK
El Gobierno ha aprobado un real decreto ley por el que establece la nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) en el 7,09%, frente al 7,39% actual, ofreciendo además mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031, incluido, con el fin de poner fin a la litigiosidad, especialmente por parte de los inversores en los tribunales internacionales.
La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado tras el Consejo de Ministros que el objetivo de esta normativa es «dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas».
En concreto, el real decreto ley fija un marco retributivo estable para esas instalaciones renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 para gozar de la actual rentabilidad del 7,39% durante los próximos periodos regulatorios -un total de 12 años-, hasta 2031.
No obstante, para acogerse a ello los inversores deberán renunciar a los procesos judiciales o arbitrales en marcha, así como a las indemnizaciones que se les pudiera haber reconocido, tanto a nivel nacional, los menos, como internacional.
Con esta normativa, que recoge la misma propuesta cuyo trámite ya inició Gobierno a finales del año pasado pero que finalmente no pudo ser aprobado ante la convocatoria de elecciones generales, Ribera ha considerado que se busca ofrecer una solución a los inversores que permita «mitigar el impacto» de los recortes de 2013 y «mantener la estabilidad y la predictibilidad de su inversión».
45 laudos por indemnizaciones de más de 10.000 millones
Ribera ha cifrado en un total de 45 laudos los frentes abiertos por inversores contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo que se aplicó en su retribución, ascendiendo a un importe total las peticiones de indemnizaciones de más de 10.000 millones de euros.
Hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones -aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros-. «No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa», indica Ribera.
Ayudas a proyectos alternativos por el cierre de centrales
Asimismo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una orden del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por el cierre de centrales de carbón por un importe de hasta siete millones de euros.
Estas ayudas están dirigidas a fomentar el desarrollo económico alternativo de estos términos municipales por el proceso de cierre de las centrales termoeléctricas de carbón.
La orden ministerial establece que serán objeto de ayuda los municipios afectados o en los que la dirección de la central haya manifestado la voluntad de un posible cierre y hayan obtenido la autorización para cerrarla en los doce meses anteriores a la entrada en vigor de esta orden.
FUENTE: RTVE
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