Gobierno quemaría combustóleo que no se vende para generar energía
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La Secretaría de Energía publicó el viernes pasado su nueva Política en materia de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que eliminó el criterio de mérito económico para el despacho de energía eléctrica en el país para beneficiar a la generación fósil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la búsqueda de recuperar el monopolio en generación eléctrica sin modificar ninguna ley, por lo menos garantizar la participación mayoritaria de la estatal de manera permanente en la generación eléctrica nacional.
El acuerdo promovido por la Secretaría de Energía pretende elevar la producción de las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad mediante la quema del combustóleo de las refinerías de PEMEX.
El acuerdo suspende por tiempo indefinido las pruebas preoperativas de proyectos renovables que pretenden ingresar a la red eléctrica, y es el más reciente de una serie de pasos dados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar que la CFE se mantenga como la mayor generadora de electricidad en el país, aunque no la más limpia, y que comenzó con la suspensión a finales de 2018 de las subastas para la compra de electricidad de fuentes renovables y el cambio de los lineamientos de los Certificados de Energía Limpia (CELs) para incluir a la generación de las plantas hidroeléctricas de la CFE.
A pesar de contar con el rechazo de las representaciones diplomáticas de 20 naciones de la Unión Europea y Canadá; de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expresó que se encarecerá la electricidad en el país.
“Es muy claro lo que está detrás del acuerdo. En el gobierno ya no tienen dónde acomodar o almacenar el combustóleo de las refinerías y se les hace muy fácil vendérselo a la CFE para que produzca electricidad, pero obviamente eso es más caro y es dañino para la salud y el medioambiente”, externó Fernando Belaunzarán, dirigente nacional del PRD.
El también exdiputado federal del PRD lamentó que el presidente López Obrador continúe aferrado a un modelo de desarrollo del siglo pasado donde los combustibles fósiles jugaban un papel preponderante. “Hay una obsesión presidencial en darle un papel al petróleo que ya no lo tiene. Más bien, actualmente, el futuro son las renovables y, si el presidente tuviera visión, impulsaría a este sector”.
Por su parte, Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México, explicó que, aunque bien pareciera que la actual administración insiste en devolver el monopolio a las estatales eléctricas, las condiciones por lo menos en generación de electricidad vuelven imposible esta aspiración, por lo que como ha reiterado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se busca entonces que la proporción de participación sea de 54% de la CFE y el 46% restante de privados.
Con la nueva política de controlar que la jerarquía del despacho no siga criterios económicos sino de potencia o velocidad para entrar en operación, se garantiza que las renovables, que son más baratas y utilizadas por privados, participen cada vez menos en la red nacional, explicó.
“De manera fáctica se pone un tope a la generación renovable que es la que tiene mayor participación privada en el mundo. Se asegura así que se continuará con esta proporción de participación para el futuro”, aseveró.
Con esta medida, aseguró el experto, se vulnera el acuerdo de París porque no sólo no se cumplirá con la reducción de 22% al 2030 con base en el 2015, sino que se aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero, con más generación de energía fósil en el sistema.
“México será así el primer país en fracturar al Acuerdo de París y parece que las autoridades no se dan cuenta de la gravedad de esta decisión”, aseveró Adrián Fernández.
Todo empezó en 2019
Once meses después de la suspensión de las subastas, en octubre de 2019, el gobierno mexicano cambió las reglas para los Certificados de Energías Limpias (CELs) a fin de que las centrales eléctricas legadas limpias también tengan derecho a recibir CELs por su producción de energía y las publicó en el DOF, pero ante los juicios de amparo promovidos por generadores privados las modificaciones quedaron suspendidas y están en espera de una resolución este 2020.
Los certificados o CELs son la fuente de vida de las empresas privadas de energía renovable en el modelo de transición adoptado por México en la pasada administración, pues la ley señala que las compañías que producen electricidad con fuentes renovables como la eólica y fotovoltaica recibirían estos certificados a lo largo de 20 años en función de cada megawatt-hora producido, a fin de venderlos de manera libre en el mercado a un precio determinado por la oferta y la demanda.
Pero para que el mecanismo funcione, se estableció que las compañías que generan electricidad usando combustibles convencionales, como el gas natural y el combustóleo, tenían que suministrar a la red eléctrica un porcentaje de electricidad limpia o renovable, y ese porcentaje aumenta año con año, de modo que en 2019 era de 5.8 por ciento y en 2020 de 7.4 por ciento, pero podían cumplir con esa obligación haciendo nuevas inversiones en generación renovable, o bien comprando certificados a las compañías de renovables.
Pero no a cualquiera, sino sólo aquellas que tuvieran plantas de generación posteriores a agosto de 2014, según los lineamientos originales que regían a los CELs, lo que dejaba fuera de la jugada a las centrales de renovables anteriores a esa fecha, llamadas plantas legadas y en que incluye a las hidroeléctricas de la CFE, que representan poco más de 15 por ciento de toda la capacidad instalada del país.
Hasta antes de la llegada de este gobierno, la CFE hizo el papel de gran comprador de CELs, lo cual debilitaba sus finanzas, pues no tenía centrales de renovables posteriores a 2014 que sí pudieran recibir certificados, mientras que los suministradores privados se fortalecían con cada compra que hacía CFE a través de subastas de largo plazo o en el mercado de CELs organizado por el CENACE y celebrado cada año.
El costo para la CFE de no comprar CELs e incumplir con su cuota de renovables era una multa de entre 6 y 50 salarios mínimos por cada MW/h faltante.
“Hasta la publicación de este análisis, en enero de 2020, el mercado de CELs aún no se ha celebrado y, antes de la modificación, las plantas legadas no tenían el monto necesario para satisfacer la demanda de CELs por parte de la CFE, por lo tanto, el único mecanismo de provisión de certificados para CFE era a través de las subastas”, dice Joel Tonatiuh Vázquez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Antes de ser suspendidas las subastas en diciembre de 2018, se alcanzaron a realizar tres subastas, una cada año desde 2015, en el curso de las cuales el precio del MW/h se redujo de 47.7 dólares en la primera a 20.5 en la última, un récord internacional tanto en la modalidad de eólica como de fotovoltaica y que ha sido argumento central en las críticas de la Iniciativa Privada al acuerdo impuesto por la Sener.
La cancelación de las subastas dejó a CFE sin instrumentos para adquirir el volumen requerido de CELs, pero aún con un mercado de certificados en funcionamiento y con las reglas anteriores se estima que tendría déficit de 24.7 millones de CELs en 2021 y 46 millones en 2024.
Las hidroeléctricas de la CFE son plantas limpias y suministran 65.7 por ciento de toda la electricidad renovable del país, pero como son anteriores a 2014 la Sener ingresó en la Conamer el proyecto de acuerdo para reconocer a las centrales eléctricas legadas limpias la emisión de dichos certificados y que aún está en litigio.
El papel de la CFE de gran comprador de CELs producía en las finanzas públicas un impacto creciente y era incompatible con el objetivo del presente gobierno de regresar a la CFE el control del sector eléctrico, por tanto, la cancelación de las subastas era un paso lógico.
“Pero con la suspensión, la CFE se quedó sin instrumentos para contratar el volumen de certificados que requería, y se arriesgaba a acumular un déficit de 42 millones de certificados que vulneraría sus finanzas, pues las multas pueden alcanzar valores de hasta 4 mil 313 pesos por cada CEL incumplido (unos 181 mil 146 millones de pesos). Con la modificación, se eliminó este potencial riesgo a las finanzas de la CFE y se alejó la posibilidad de que las subastas sean reanudadas”, dice Vázquez.
Con el dinero recibido en las subastas, los generadores de renovables recuperaban lo invertido en sus centrales de generación e invierten en nuevas o en ampliaciones de capacidad.
“De acuerdo con los resultados de la tercera subasta, un total de 10 empresas se comprometieron a invertir un total de 2 mil 369 millones de dólares para la instalación de 2 mil 562 megawatts de nueva capacidad instalada en energías limpias”, agrega el investigador del CIEP.
Con el cambio de política, es la CFE la que debe de invertir en ampliar la capacidad de generación en el país, así que en diciembre pasado anunció que en este 2020 licitará la construcción de siete nuevas centrales con una inversión de 58 mil 643 millones de pesos y la generación de 3 mil 762 MW adicionales, pero no serán parque eólicos o fotovoltaicos sino seis plantas que funcionan con gas natural y una con combustóleo, la opción más contaminante.
“Estas centrales eléctricas tendrán costos de generación más elevados que sus contrapartes solar y eólica: Según estimaciones de la CRE, en 2019 los costos de generación para suministro básico eléctrico, utilizando la tecnología fósil más barata, se ubicaron en mil 103 pesos por MW/h, mientras que los costos de generación provenientes de las subastas eléctricas estuvieron en 552 pesos por MW/h”, dice Vázquez.
El acuerdo y las medidas que le preceden son incompatibles en un México con una demanda energética creciente y que tiene un gran potencial para el desarrollo de energías renovables, concluye el analista, además de que ponen en riesgo el complimiento el compromiso de que las energías limpias representen el 35 por ciento del total en 2024.
FUENTE: VANGUARDIA
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